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La mirada al Este

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Las autoridades lituanas serán puestas de nuevo a prueba el 3 de febrero. Una nueva manifestación de los sindicatos ha sido autorizada frente al Parlamento para ese día.

A diferencia de las del pasado 16 de enero, que desembocaron en protestas masivas, ésta tendrá lugar frente a otra parte del edificio. La Policía ya ha prometido implementar medidas de seguridad sin precedentes para evitar el escenario de enero. La concentración que se avecina no será menos que la anterior. Se esperan no menos de 20.000 personas de todo el país.

Las autoridades están preocupadas por la protesta. Algunos líderes parlamentarios han pedido ya al Gobierno local que no autorice la marcha ante el Parlamento o que propongan un emplazamiento alternativo. Entre estos lugares han estado el Parque Nagorny, en el centro histórico, pero lejos de los edificios gubernamentales, o el Parque Vingis, donde se organizan tradicionalmente las fiestas y grandes conciertos. El Gobierno local ha decidido, sin embargo, que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en las cercanías de las autoridades y ha ignorado estas propuestas.

Prestemos atención a algunos aspectos de esta situación. La reacción de las autoridades, cercana a la histeria ante la ira de los ciudadanos, muestra la inestabilidad del actual Gobierno lituano. Sencillamente, quiere tener a los ciudadanos lejos. Por eso querían que la manifestación no se celebrara cerca de edificios gubernamentales. En este sentido, la reacción del Gobierno municipal es elogiable. 

El comportamiento de los manifestantes dependerá una vez más de cómo reaccionen los representantes de las elites. Han de tener el valor de acercarse a hablar a pesar del riesgo de recibir algún que otro huevazo y de asumir parte de la responsabilidad por la desconfianza y los sentimientos encontrados. Las autoridades no están escuchando a la sociedad. Ese es el problema en Lituania (y no sólo aquí). Los políticos sólo escuchan en período preelectoral.

En octubre de 2008, a pesar de el fraude en las elecciones recientes había sido evidente, la Unión Europea levantó las sanciones contra funcionarios bielorrusos, incluido Lukashenko. La Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, destacó la ausencia de prisioneros políticos como un paso adelante por la parte bielorrusa. Sin embargo, existen.

Nueve personas han sido sentenciadas a dos años, otra a uno y un menor a año y medio de libertad restringida sin ser enviados a centros penitenciarios por participar en protestas pacíficas de empresarios. Los condenados a esta pena no pueden salir del país o ser candidatos en elecciones. Tampoco pueden cambiar de lugar de residencia sin autorización de la Policía o participar en la vida pública. Están obligados a permitir la entrada de la Policía a sus domicilios en cualquier momento. Podemos hablar de arresto domiciliario, ya que sólo pueden estar en su casa y en el trabajo. Pueden ser objeto de un proceso criminal por infringir el régimen de cualquier manera.

Recientemente, la dictadura ha comenzado a poner en marcha otras tácticas. Los médicos son forzados a reescribir sus informes sobre activistas políticos jóvenes después de ser reclutados forzosamente para el Ejército. En 28 enero, agentes de policía y oficiales de reclutamiento llevaron a cabo auténticas redadas contra líderes juveniles por toda Bielorrusia. Trataron de llevarse al Ejército por la fuerza al líder del Frente Juvenil Iván Shyla, al de Moladz BNF Franak Vyachorka y al joven activista Zmitser Fedaruk. Franak Vyachorka fue localizado y arrestado en plena calle antes de ser trasladado a una unidad militar. Z. Zhaleznichenka y A. Kalita ya habían caído en manos de la leva.

El 16 de enero, Franak Vyachorka fue atrapado por la fuerza en el consultorio de un hospital al que habia acudido a hacerse un chequeo y confinado en la oficina de reclutamiento. Le dijeron que le transferirían a una unidad militar en cuestión de horas. Franak tenía una dispensa debido a una operación en el ojo y algunas enfermedades cónicas que padece. Tuvo que comparecer ante otra comisión médica en el hospital militar republicano. El 17, Vyachorka apeló su recluta y las acciones de los militares y el personal médico durante la leva. El militante juvenil exigía que las comisiones militares respetasen el principio de igualdad entre todos los reclutas.

“Organización no-registrada”

El tribunal del distrito de Savetski de Minsk avisó a los oficiales de reclutamiento que Vyachorka no podía ser llamado a filas hasta que su recurso no fuera considerado. Sin embargo, su caso fue juzgado en ausencia del interesado y a puerta cerrada. A pesar de sus problema de salud, Franak Vyachorka fue declarado apto para el servicio militar.

Ivan Shyla fue encontrado culpable hace año y medio de participar en una “organización no registrada”. Hace seis meses, fue expulsado del instituto antes de pasar su último examen de la secundaria. Bielorrusia es el único país europeo y uno de los pocos del mundo en que participar en una iniciativa u organización no registradas es delito. El código penal considera una violación de la ley cualquier asociación ciudadana, sin importar la finalidad.

Así que, aunque no existen prisioneros políticos como tales, virtualmente los hay. La dictadura priva a sus opositores de libertad con otras medidas, como arresto domiciliario o reclutamiento forzoso. Hace unos días, el secretario general del Comité de Helsinki sueco, Robert Hårdh, señaló acertadamente que el regimen bielorruso muestra un gran ingenio a la hora de perseguir a la oposición.

Yo preferiría que mostrara más ingenio en superar la crisis económica que arrecia a lo largo y ancho del país, más que en privar a la gente de libertad por sus opiniones polítcas o ejercer sus derechos básicos.

Imagen: Emblema del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.

El partido de fútbol entre Turquía y Armenia de las eliminatorias de la Copa del Mundo del pasado 6 de septiembre de 2008 creó una atmósfera favorable entre dos países que no mantienen relaciones diplomáticas desde mediados de los ’90. El hecho de que el presidente armenio, Serzh Sargsyan, invitara al presidente turco, Abdullah Gül, a ver juntos el partido en Yereván y que éste aceptara dio comienzo a un cambio en las relaciones entre ambos países.

Para entender mejor este cambio favorable, resultará útil examinar el mapa político y social de Turquía antes del partido, a principios de este nuevo siglo. En cierto sentido, los comienzos de esta década fueron los años en que los conservadores liberales de derecha y los liberales de izquierda pudieron hacer oír su voz. De modo que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), apoyado en la tradición conservadora y con su discurso liberal, obtuvo el poder en las elecciones de 2003 con un amplio respaldo social. 

Gracias a este apoyo, y teniendo presente la gran importancia geopolítica de Turquía, el AKP se acercó de igual a igual a la Unión Europea y revolucionó la política exterior tradicional turca proyectando una imagen más fuerte, y a la vez más flexible, en Oriente Próximo. Esta nueva imagen encaja con aquella que Estados Unidos pretende modelar como una Turquía “democrática” como anticipo y arquetipo para las administraciones de los países de Oriente Próximo y el Cáucaso y de los estados musulmanes. Un ejemplo de esto, ha sido la implicación del país como mediador en el último conflicto entre Rusia y Georgia. En un intento de mantener su influencia en el Cáucaso, ha tenido que suavizar su postura respecto a Armenia.

Además, tras el asesinato del periodista y escritor Hrant Dink el 19 de enero de 2007, la reacción social, y mundial, empujaron al AKP a no descuidar el asunto armenio. A la luz de estos elementos, la situación cobra más sentido y el acercamiento turco-armenio, se nos aparece como una mutua relación benéfica de autoprotección en un mundo en el que los equilibrios de poder están cambiando.

“Pido perdón a los armenios”

Si volvemos al período inmediatamente posterior al partido de fútbol en Yereván, podemos decir que han tenido lugar varios eventos favorables y que aún quedan más por llegar. Aunque sin orden alguno, las reuniones sin condiciones entre los ministros de Exteriores de ambos países se están sucediendo. En estas reuniones, los políticos que integran ambas delegaciones intercambian gestos de simpatía constantemente.

Estos acontecimientos son una oportunidad para avanzar en el camino de la paz con iniciativas como las que comenzó Hrant Dink y propiciar la multiplicación de las voces que piden la paz. La campaña “Pido perdón a los armenios”, iniciada hace dos meses por un importante sector de los intelectuales turcos es un buen ejemplo de esto. La iniciativa invita a los ciudadanos a rechazar la insensibilidad mostrada hacia los armenios por la negación de la Gran Catástrofe a la que los armenios otomanos fueron sometidos en 1915, a rechazar esta injusticia y a empatizar con los sentimientos y el dolor de sus hermanos y hermanas armenios. A pesar de las reacciones contrarias que la campaña ha suscitado, los 30.000 firmantes han logrado constituir una plataforma social para los armenios turcos y, por otro lado, mantener frescas las relaciones con Armenia.

Además, en el transcurso del proyecto que hemos llevado a cabo con el fotógrafo Ruben Mangasaryan (un proyecto para fotografiar ambas culturas, formas de vida, etc.) hemos constatado que los habitantes de ambos lados de la frontera la quieren ver abierta. Armenios y turcos saben que el turismo y el comercio les beneficiará a todos con una frontera abierta. De modo que, con el conocimiento de que las tragedias y hostilidades del pasado no pueden aportar nada al futuro, esperan a que las fronteras sean abiertas.

Imagen: Vista de la marcha del funeral del periodista armenio asesinado Hrant Dink el 23 de enero de 2007. Más de 100.000 personas marcharon por las calles de Estambul en señal de duelo y protesta por su muerte (Kerem Özcan / Wikipedia).

El 16 de enero, los sindicatos llevaron a cabo acciones de protesta contra la política del Gobierno en las ciudades lituanas (en Klaipeda, esto ocurrió el 17). Son ya muchos los ciudadanos insatisfechos con las estrictas medidas anticrisis. Entre ellas, una subida de impuestos sobre las gasolinas, el tabaco y el alcohol y el fin de las exenciones del IVA para algunos alimentos, servicios y otros. Las autoridades no parecen dispuestas a escuchar a los ciudadanos de a pie y mantener un diálogo con ellos. Desafortunadamente, en Vilnius y en Sauliai, tuvieron lugar varios desórdenes durante las protestas. Los choques más graves tuvieron lugar en la capital, cerca del edificio del Parlamento.

Alrededor de 7.000 personas se reunieron en Vilnius. Vinieron de todas partes del país. Unos centenares de adolescentes agresivos se convirtieron en la fuerza instigadora de los desórdenes. Las instituciones legales lituanas han llevado a cabo una investigación para determinar si los desórdenes estaban planeados y, de ser así, quién lo hizo. El primer ministro Andrius Kubilius acusó indirectamente de esto a Algirdas Paleckis, el líder partido del partido de ultra izquierda Frontas. Frontas no logró ningún escaño en las últimas elecciones parlamentarias. Por su parte, Paleckis prometió denunciar por difamación a Kubilius.

Insatisfecha con la política de las elites dirigentes, la gente arrojó piedras, palos, huevos y bolas de nieve contra el Parlamento y la policía que lo protegía. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Estaban preparados, ya que esperaban que los sucesos de unos días antes en la capital letona, Riga,  se repitieran en Vilnius. Y así fue.

151 detenidos

Los enfrentamientos se saldaron con 43 manifestantes y algunos policías heridos. Fueron detenidas 151 personas junto al Parlamento. Muchos fueron liberados tras rellenar los protocolos, aunque 15 permanecen todavía bajo custodia policial. Varios abogados conocidos se han ofrecido a representarles gratuitamente. Afirman solidarizarse de esta manera con los participantes en la protesta.

Los manifestantes causaron daños al edificio del Parlamento estimados en 233.000 litas (unos 68.000 euros). Rompieron ventanas y farolas alrededor del recinto y una fuente cercana quedó dañada. A pesar de que el Gobierno acusa a los sindicatos de no mantener el orden durante la protesta, los primeros responsables de la ola de indignación que ha llevado a los desórdenes son los actuales dirigentes políticos. De hecho, ningún miembro de la coalición dirigente salió a escuchar las reivindicaciones de los manifestantes. Los desórdenes se han convertido en la respuesta a la indiferencia de las elites dirigentes hacia las expectativas de la gente corriente, que teme el deterioro de las condiciones económicas y sociales.

Los sindicatos no se van a cruzar de brazos. La protesta que derivó en enfrentamientos es sólo la primera de una serie de protestas masivas programadas. La próxima será el 2 de febrero. Y puede reunir aún a más ciudadanos que la del 16 de enero. Las autoridades tienen tiempo para revisar sus acciones y sacar conclusiones.

Vídeo: Imágenes del canal Russia Today acerca de los disturbios en Vilnius (YouTube)

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